Las compañías adheridas al Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria publican, por tercer año, los pagos que realizan a los agentes del sector.

La industria «vende» a la sociedad este dinero como «colaboración con el sistema sanitario a través de la I+D y el apoyo a la formación continuada», es decir, formación e investigación: conocimiento

Pero ¿qué paga exactamente la industria?

En realidad, la industria paga corrupción del conocimiento y fomento del sesgo vía formación, regalos y realización de ensayos clínicos (que no se publicarán y/o que tienen, con demasiada frecuencia, sesgos metodológicos graves).   

La industria, con este ejercicio anual de transparentar su gigantesca inversión en «conocimiento», lo que hace en realidad es una campaña de lavado de cara de unas prácticas que han demostrado una y otra vez su extraordinaria capacidad para corromper y distorsionar toda la cadena del conocimiento biomédico: desde la generación de conocimiento (investigación primaria y secundaria) y la difusión del conocimiento (publicación, síntesis y formación) hasta la aplicación del conocimiento (decisiones profesionales y percepciones ciudadanas)

Estas estrategias de lavado de imagen son bien conocidas en otros ámbitos. Por ejemplo, los ecologistas las llaman greenwashing.

En los últimos 3 años, esta es la apuesta por la transparencia de la industria, el «knowashing»: su transparencia es una estrategia de blanqueo de unos fondos que se utilizan mayoritariamente para corromper y distorsionar el conocimiento biomédico y las decisiones clínicas. 

La industria farmacéutica apuesta, siguiendo la gloriosa expresión inglesa, por «sound like science» no por «sound science», con el objetivo de promover la percepción entre profesionales, ciudadanos y políticos de que los fármacos y tecnologías sanitarias que producen y las políticas que desarrollan utilizan o fomentan un conocimiento sólido.

Sin embargo, el único objetivo de estas inversiones de la industria es aumentar sus beneficios económicos creando conocimiento sesgado e influyendo en los decisores a favor de sus productos.

Este año han sido, nada más y nada menos, 564 millones de euros que la industria ha invertido en knowashing

¿Qué ha pagado exactamente la industria farmacéutica este año?

(1) Influencia en los médicos vía invitaciones a congresos, comidas y cursos: 115 millones de euros. Los pagos a médicos en forma de invitaciones han demostrado capacidad para comprometer la objetividad de las decisiones clínicas y, por tanto, poner en peligro la seguridad de los enfermos 

(2) Influencia en las organizaciones sanitarias para que desarrollen la agenda comercial de la industria a través de cursos y congresos: 90,5 millones de euros. Los congresos son ferias comerciales donde la industria puede ejercer toda su influencia al desplegar concentradamente todas su estrategias de knowashing: líderes de opinión, talleres, comidas de trabajo, mesas redondas patrocinadas, etc..

La formación médica de pregrado, postgrado y continuada se ve seriamente amenazada, de igual modo, en su calidad y objetividad, cuando es dominada por la industria a través de su financiación u organización.  

(3) Contratación de médicos (expertos que actúan como conferenciantes o asesores) y organizaciones sanitarias por prestación de servicios (incluyendo campañas promocionales de medicamentos, sellos de sociedades científicas en productos insanos, etc..): 79,5 millones de euros.  

(4) Donaciones: regalos supuestamente sin contrapartidas que los laboratorios hacen a instituciones públicas y privadas

(5) Pagos directos a investigadores, sociedades científicas y asociaciones profesionales por realización de proyectos de I+D. Estos proyectos son mayoritariamente ensayos clínicos: experimentos con mínima credibilidad científica, cuya inversión es mayoritariamente desperdiciada (85%) porque dichos experimentos finalmente o no son publicados, o tienen problemas metodológicos graves, o son publicados de manera sesgada o producen ciencia comercial irrelevante para enfermos y sociedad.

¿Qué pueden hacer los profesionales?

Lo primero: renunciar a una situación privilegiada.

Los médicos y las organizaciones sanitarias españolas, en general, no expresan posiciones críticas que, al menos, llamen a la prudencia a la hora de establecer relaciones con la industria y recibir sus fondos. Más bien están encantadas de atraer esta lluvia de millones de euros todos los años. Es como una lotería de navidad que siempre toca.

Es decir, la aceptación generalizada de estos fondos tóxicos convierte a la clase médica y a sus instituciones en cómplices de un proceso extractivo

Porque, vamos más allá: que los médicos y organizaciones médicas puedan recibir con mínima crítica política o social 564 millones de industrias que obviamente buscan ampliar sus ganancias (y lo hacen a costa no solo de los presupuestos públicos sino de la seguridad de los pacientes) nos habla de un comportamiento que académicamente se ha definido como élite extractiva.

Sí, los médicos se comportan como una élite extractiva porque son una minoría que conserva una enorme confianza social; que gestiona millones de euros de presupuestos públicos y lo hace con un irrisorio control público gracias al privilegio de discrecionalidad que otorga esa misma confianza social.

Estefanía definía bien qué es una élite extractiva:

«Aquella que se aparta de la obtención del bien común y dedica sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenece. Las instituciones extractivas concentran el poder en manos de una élite reducida y fijan pocos límites al ejercicio de su poder. Estas élites elaboran un sistema de captura de rentas que les permite, sin crear riqueza, detraer rentas de la mayor parte de la ciudadanía en beneficio propio»

El dinero de la industria engrasa e impulsa el funcionamiento de la élite profesional médica extractiva, entre otras cosas, construyendo coartadas y escudos protectores en forma de pseudoconocimiento, propaganda pública y lobby político.  

La hegemonía de la élite profesional extractiva, gracias al poder económico, mediático y político de la industria, es total y, por eso, no es esperable capacidad alguna de las instituciones públicas por recuperar el control de un sistema que está fuera de control.

Por supuesto, la élite profesional no tiene un comportamiento uniforme: la mayoría de los profesionales «se dejan llevar» por una corriente muy favorable y si se les pregunta para nada tienen una autopercepción de minoría privilegiada (comportamiento típico de las minorías privilegiadas)

Hay un pequeño grupo que es el que constituyen los líderes académicos, científicos, clínicos e institucionales que dominan los resortes políticos, económicos y profesionales y que son los que impulsan el sistema extractivo. Son la verdadera casta médica, muy bien pagada por la industria y a la que muchos deben su poder.      

También hay profesionales y organizaciones que ya han renunciado a sus privilegios en nombre de los valores que la medicina ha defendido tradicionalmente: beneficencia, no maleficencia, respeto a la autonomía de los ciudadanos en sus concepciones de salud y equidad (no discriminación, universalidad en el acceso y justicia en la distribución de los bienes sanitarios, dando más a los que más lo necesitan).

Lamentablemente, la reacción ética anti-elitista es muy minoritaria entre los profesionales e instituciones médicas.

Acemoglu y Robinson, los autores que pusieron de moda el término «élite extractiva» afirman que solo los países que han podido desarrollar instituciones inclusivas, sometidas a un eficiente control social, han prosperado. Los países en los que han prevalecido instituciones cerradas en manos de élites egoístas han tenido fracasos económicos y sociales.

Se acaba de publicar el Informe Brockington que en 1967 denunciaba la paupérrima situación de la sanidad española franquista:

«El expediente firmado por el médico británico era demoledor. Criticaba que Franco todavía no hubiese creado a esas alturas un Ministerio de Sanidad y que mantuviese descuartizadas las competencias en diferentes ministerios»

El informe hablaba entre otras cosas de la falta de control (“desierto estadístico”) y los privilegios profesionales («el pluriempleo de los médicos españoles»).

Solo las sociedades autoritarias permiten que persistan comportamientos elitistas ya que negocian control político a cambio de privilegios sociales. El comportamiento elitista profesional es una reforma todavía pendiente.

En la democracia española es necesaria una transición democrática de las instituciones profesionales y asociaciones médicas porque, en este momento, son las que están perpetuando un mecanismo extractivo con enorme calado político. La atención a la salud se ha convertido en el mecanismo más poderoso de transferencia de presupuestos públicos a manos privadas mediante la financiación pública de fármacos, tecnologías e intervenciones sanitarias, con mínimo impacto para mejorar la salud individual o pública y gran capacidad de llenar los bolsillos de compañías farmacéuticas, tecnológicas, alimentarias y organizaciones sanitarias privadas. 

¿Colaborarán los profesionales en esta profundización democrática pendiente renunciando a sus privilegios? Cuidado, porque el caudal de confianza social del que gozan los médicos podría desmoronarse de un día para otro y ese derrumbamiento podría llevarse por delante un pilar fundamental de la sanidad pública. La confianza en los profesionales es el valor social que cimienta el sistema público de salud. En la medicina privada la confianza es una estrategia publicitaria; en la medicina pública una argamasa ética.

Por acabar: en mi opinión nuestro país no será una verdadera democracia hasta que no sea un escándalo público que los médicos hayan recibido 564 millones de euros de la industria farmacéutica en el año 2017.   

Abel Novoa es presidente de NoGracias