El aborto, una intervención segura
Lucía Artazcoz a b c d
a Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Barcelona;
b CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Madrid;
c Institut de Recerca Sant Pau (IR SANT PAU), Barcelona;
d Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Según la OMS (World Health Organization, 2024), cada año se practican aproximadamente 73 millones de abortos inducidos en todo el mundo, y el 61% de los embarazos no deseados finalizan en aborto (Bearak et al., 2020). La OMS considera que la atención integral al aborto es un servicio esencial que puede ser gestionado tanto por profesionales sanitarios como por la propia persona gestante durante las primeras 12 semanas de gestación.
La atención al aborto engloba la gestión tanto del aborto inducido como del espontáneo, así como la atención postaborto. Cuando se realiza siguiendo los métodos recomendados por la OMS, adecuados a la duración del embarazo y por profesionales con la formación necesaria, el aborto es una intervención sanitaria segura. Desafortunadamente, la falta de acceso a servicios de aborto seguros conduce a abortos inseguros, con una incidencia especialmente elevada en Asia, América Latina y África (Raymond & Grimes, 2012).
Alcance del problema
Los abortos inseguros constituyen una pandemia evitable, que pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres, especialmente en contextos donde el aborto está fuertemente restringido por ley o donde, aun siendo legal, el acceso a servicios seguros es limitado (Ganatra et al., 2017; Say et al., 2014). En estos entornos, muchas mujeres se ven abocadas a autoinducirse el aborto o a recurrir a servicios clandestinos, a menudo con graves consecuencias para la salud (Ganatra et al., 2017).
La ausencia de una atención de calidad puede vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la salud. Las muertes derivadas de abortos seguros son muy poco frecuentes (<1 por cada 100.000), pero las asociadas a abortos inseguros son significativas, llegando a tasas superiores a 200 por cada 100.000 abortos en regiones con acceso limitado (Singh & Maddow-Zimet, 2016). Las complicaciones más habituales del aborto inseguro incluyen hemorragias, infecciones y lesiones en el aparato genital.
En un estudio realizado en California entre 2009 y 2010 en el que se hizo un seguimiento de 6 meses tras el aborto, se identificaron 54.911 abortos entre 50.273 usuarias. Entre todos los abortos, 1 de cada 16 (6,4%) fue seguido de una visita al servicio de urgencias en un plazo de 6 semanas, pero solo 1 de 115 (0,87%) resultó en una visita al servicio de urgencias por una complicación relacionada con el aborto. Aproximadamente 1 de 5.491 (0,03%) implicó traslados en ambulancia a los servicios de urgencias el día del aborto. La tasa de complicaciones principales fue del 0,23%: 0,31% (n = 35) para el aborto con medicamentos, 0,16% para el aborto por aspiración del primer trimestre y 0,41% para los procedimientos del segundo trimestre o posteriores. La tasa total de complicaciones relacionadas con el aborto, incluidas todas las fuentes de atención, incluidas urgencias y el centro de aborto original, fue del 2,1%: 5,2% para aborto con medicamentos, 1,3% para aborto por aspiración del primer trimestre y 1,5% (n = 130) para los procedimientos del segundo trimestre o posteriores.
Consecuencias de la dificultad de acceso al aborto de calidad
Las restricciones legales y las dificultades de acceso al aborto seguro generan angustia, estigma y pueden suponer una vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluyendo el derecho a la privacidad, la igualdad y la no discriminación. Estas restricciones también imponen cargas económicas, dado que obligan a muchas mujeres a desplazarse, asumir pérdidas de ingresos o enfrentarse a otros costes que pueden hacer el aborto inaccesible para las personas con menos recursos (Lattof et al., 2020; Singh & Maddow-Zimet, 2016).
Las limitaciones al derecho al aborto afectan a la educación de las mujeres, la participación en el mercado laboral y la contribución positiva al crecimiento del PIB (Rodgers et al., 2021). El estatus legal del aborto también puede afectar los resultados educativos de los niños y sus ingresos en el mercado laboral más adelante en la vida. Por ejemplo, la legalización del aborto, reduciendo el número de embarazos no deseados y, por tanto, aumentando la probabilidad de que los niños/as nazcan deseados, puede estar relacionada con una mayor inversión de los padres en sus hijos, incluida la escolarización de las niñas (Upadhyay et al., 2015).
Servicios de atención al aborto de calidad
La evidencia muestra que restringir el acceso a los abortos no reduce el número de abortos (Bearak et al., 2020); no obstante, sí afecta si los abortos que realizan las mujeres y niñas son seguros y dignos. La proporción de abortos inseguros es significativamente más alta en países con leyes sobre el aborto muy restrictivas que en países con leyes menos restrictivas (Ganatra et al., 2014).
Las barreras para acceder a un aborto seguro y respetuoso incluyen altos costes, el estigma para las personas que buscan abortos y la negativa de los profesionales de la salud a proporcionar un aborto basándose en la conciencia personal o creencias religiosas. Por ejemplo, se ha documentado que las mujeres que buscan abortar o presentan complicaciones del embarazo en hospitales católicos y protestantes pueden encontrar más retrasos y menos opciones de tratamiento que en hospitales no religiosos (Hasselbacher et al., 2020). El acceso se ve obstaculizado por leyes y requisitos restrictivos que no están justificados médicamente, como la criminalización del aborto, los periodos de espera obligatorios, la provisión de información o asesoramiento sesgado, la autorización de terceros y las restricciones en cuanto al tipo de proveedores de atención médica o instalaciones que pueden ofrecer servicios de aborto (World Health Organization, 2024).
Según la OMS, garantizar el acceso universal a una atención integral de calidad en el aborto requiere acciones coordinadas a nivel legal, sanitario y comunitario. Los tres pilares fundamentales son: el respeto a los derechos humanos, la disponibilidad y accesibilidad de la información, y un sistema de salud que sea universal, asequible y eficiente (World Health Organization, 2024).
Conclusión
En conclusión, la garantía de un aborto seguro, basado en la evidencia científica y bajo marcos legales adecuados, constituye una estrategia fundamental para proteger la salud y los derechos de las mujeres y niñas. La experiencia internacional demuestra que la disponibilidad de servicios de interrupción voluntaria del embarazo, gestionados por profesionales capacitados y accesibles para las mujeres embarazadas, reduce significativamente la mortalidad materna y las complicaciones asociadas al aborto inseguro. Facilitar el acceso a una atención integral no solo previene impactos negativos en la salud, sino que refuerza la equidad y la justicia social al eliminar barreras económicas, legales y sociales que perpetúan la desigualdad y el estigma.
Para clínicos, lea también «Abortion complications»
Referencias
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Ganatra, B., Gerdts, C., Rossier, C., Johnson, B. R., Tunçalp, Ö., Assifi, A., Sedgh, G., Singh, S., Bankole, A., Popinchalk, A., Bearak, J., Kang, Z., & Alkema, L. (2017). Global, regional, and subregional classification of abortions by safety, 2010–14: estimates from a Bayesian hierarchical model. The Lancet, 390(10110), 2372–2381. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31794-4
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