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Desde el principio de la pandemia han existido intentos por establecer criterios que permitieran la progresiva incorporación de parte de la población a la normalidad. La hipótesis es razonable: con aquellas personas en las que sea poco probable desarrollar daños graves por la infección (bajo riesgo personal) y/o que tengan mínima opción de contagiar la enfermedad a otras personas (bajo riesgo social), se podrían relajar medidas de distanciamiento y/o convivencia. El marco de discusión es: restricciones segmentadas vs restricciones indiscriminadas. Pero en ambos extremos se cometen errores, hay efectos secundarios sobre la salud y emergen aspectos éticos problemáticos.

 

El certificado inmunológico tiene problemas relacionados con la fiabilidad de la prueba serológica (falsos positivos y negativos), duración y/o capacidad de protección de los anticuerpos, emergencia de nuevas cepas resistentes, incentivo perverso para que personas de bajo riesgo deseen contagiarse, etc. La diferenciación serológica tiene además el peligro de producir una reducción de la cohesión social y una pérdida de los sentimientos de apoyo mutuo y solidaridad -al “dejar atrás” a una parte importante de la población-, valores que podrían ser fundamentales en los esfuerzos a largo plazo para gestionar la pandemia.

La pregunta, no obstante, debería ser si el certificado serológico tiene más o menos problemas que su alternativa, las limitaciones universales que ignoran los antecedentes clínicos. Porque el consenso salubrista que pretende transmitir que las restricciones indiscriminadas son justas, ya que afectan a todos por igual, es falaz: hoy está clara la capacidad de estas medidas para intensificar las desigualdades y amplificar el daño que la pandemia causa sobre las personas con vulnerabilidad laboral o habitacional, los grupos con baja renta o sin acceso a la sanidad.

El pasaporte vacunal -aparte de las dudas sobre la duración de la protección, las cepas resistentes o la infectividad de los vacunados- es, tras su fachada de lógica epidemiológica, un intento de establecer un marco de debate sesgado además de discriminatorio. Un marco sesgado porque, con la excusa de que se vacuna quien quiere -y, por tanto, no es injusto tratar de manera distinta a vacunados y no vacunados- ignora que, en este momento y en general, se vacuna, más bien, quien puede.

Es evidente que hay problemas graves de acceso a las vacunas de países en vías de desarrollo, pero esta inequidad ocurre también en países occidentales: en los EE.UU. actualmente las personas afroamericanas no vacunadas son el doble que las caucásicas. Probablemente en nuestro país esto puede estar sucediendo con colectivos vulnerables y/o marginados: como pasa con cualquier vacuna, la no inmunización responde más a problemas de accesibilidad que a argumentos filosóficos, espirituales o de evitación del riesgo.

El debate además es simplificador por dicotómico ya que trasmite que la única salida a esta crisis es la vacunación y sabemos que es mucho más complicado: no parece que solo una campaña de vacunación vaya a ser suficiente; se escamotea que muchas medidas no farmacológicas deberán continuar y no se reconoce que el rechazo a la vacunación es una posición legítima, respetable y, viendo la debilidad del sistema de farmacovigilancia -minado por estrategias de captura del regulador que la industria farmacéutica ha desarrollado impunemente durante décadas-, en ciertos rangos de edad, con bajo riesgo personal, y con ciertas vacunas, incluso, razonable.

Este enfoque de equilibrio reflexivo en la ponderación de riesgos, beneficios y valores debería impedir inmediatamente una estrategia de todo o nada con certificados o pasaportes, pero también con la aplicación indiscriminada de acciones preventivas no farmacológicas. ¿Quién puede no querer privilegios inmunológicos cuando la alternativa son medidas universales coercitivas muchas veces sin racionalidad o evidencias? No parece casualidad que el debate siempre conduzca a las mismas conclusiones: con las medidas preventivas no farmacológicas la incertidumbre parece jugar en contra de su aplicación diferenciada y con matices y, con las estrategias tecnológicas, a favor de la vacunación universal y sin excepciones. Creo que debemos huir de ambos extremos, por igual paternalistas y autoritarios, y señalar el marco restringido discursivo que plantean y del que habrá que salir.

Por concretar, ¿son adecuados o no el certificado serológico y/o el pasaporte vacunal? En mi humilde opinión, en este momento, las consecuencias sobre la sociedad pueden generar más riesgos que beneficios excepto que, siguiendo en esto una argumentación rawlsiana, sirvan para discriminar positivamente a los grupos sociales más perjudicados en esta pandemia: trabajadores precarios y de riesgo, personas sin hogar y de bajas rentas, mayores en residencias o aisladas en sus domicilios, población migrante y vulnerable, etc. Por supuesto, la posibilidad de inmunización no debería servir para ampliar las diferencias entre países. Urge eliminar las patentes para facilitar el acceso mundial a las vacunas.

Abel Novoa es médico de familia

Texto publicado en Diario Médico

 

 

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