Sanidad pública y universidades privadas: el agua y el aceite

La profusión de universidades privadas en nuestro territorio es un fenómeno que va en aumento. Las ciencias de la salud requieren un periodo de prácticas y estamos viendo con cada vez más frecuencia como estas universidades recurren a la sanidad pública para conveniar dicha actividad.

En Madrid la facultad de medicina de la Universidad Europea llegó a un acuerdo con la Consejería de Sanidad que cedió el Hospital público de Getafe y hasta sus estudiantes son recibidos amablemente por la viceconsejera de esta comunidad autónoma tan generosa.

Nuestra colaboradora y miembro de NoGracias, la Dra. Luisa Lores, ya diseccionó este acuerdo, en un texto publicado en Nueva Tribuna hace un par de años, señalando como se compra la «falsa excelencia»:

«La privatización de la carrera de medicina y enfermería socava la igualdad de derechos. Solo los mejores alumnos pueden optar a una plaza en una facultad de medicina pública, debido a las elevadas exigencias, con una nota de corte muy alta. Sin embargo, para entrar en las universidades privadas, ocho veces más costosas que las públicas, solo es necesario disponer de suficientes recursos económicos. Generalmente la formación práctica de estos estudiantes no se realiza en los centros privados, para no ocupar el tiempo de sus profesionales, se realiza en los centros públicos, interfiriendo con la docencia y con la asistencia sanitaria a la población»

En la Región de Murcia la Universidad Católica San Antonio (UCAM) ha llegado a una alianza con el gobierno del PP para poder disponer de los hospitales y centros de salud públicos de la Región, para las prácticas de sus carreras de ciencias de la salud, de manera absolutamente discreccional.

La UCAM Lleva ya más de 10 años ocupando los centros públicos murcianos para la formación de sus alumnos de enfermería y fisioterapia con el paulatino arrinconamiento de los alumnos de la pública (en el último convenio a enfermería se les ha dejado solo un hospital), provocando una saturación de alumnos en los centros asistenciales nada docente y produciendo una inflación en el número de enfermeras y fisioterapeutas que ha convertido a la Región en el «granero» de Europa (lógicamente, la UCAM no para de aumentar el número de alumnos ya que el factor limitante que suele ser poder contar con centros asistenciales para las prácticas no existe gracias a la generosidad del gobierno murciano)

Igual que con enfermería, ahora la UCAM pretende utilizar los centros públicos para las prácticas de sus alumnos de medicina. Pero el gobierno del PP ya no tiene mayoría absoluta y la sociedad civil murciana, anestesiada durante décadas por una hegemonía política del PP total y absoluta, está reaccionando contra esta expropiación de recursos públicos para beneficio privado.

Fruto de este movimiento de resistencia civil se ha conformado una Alianza Ciudadana por la Calidad de la Docencia Universitaria, en Defensa de lo Público y la Equidad Social (que cuenta ya con 38 colectivos y organizaciones; aquí pueden adherirse las que quieran) y el apoyo de casi 1800 ciudadanos, no solo de la Región (aquí puede firmarse individualmente)

La Alianza fundamenta su reivindicación en los valores que están en juego: 

1. Se saturan instalaciones asistenciales afectando negativamente la necesaria intimidad que requiere la atención a los enfermos y poniendo en riesgo la confidencialidad
2. Se perjudica la calidad de la docencia de los alumnos y las carreras académicas de los profesionales de la sanidad pública que desean trabajar en la universidad pública
3. Se generan incompatibilidades profesionales cuya solución legal supondrá la eliminación total de cualquier restricción a la compatibilidad de la actividad pública y privada
4. Se pone lo público al servicio de los beneficios privados y se abre la puerta a que aparezcan conflictos de interés en la asistencia de enfermos y la utilización de recursos
5. Se incrementan las desigualdades sociales y geográficas regionales.
6. Se está sometiendo a un chantaje económico y político a la universidad pública que, unido a la falta de transparencia, impide una negociación equilibrada

Pero además de estos valores hay un asunto mucho más pragmático que tiene que ver con la gestión de los costos que la docencia universitaria supone para el sistema de salud. Hoy han publicado este artículo del Presidente de NoGracias en el periódico La Verdad donde se hace una reflexión sobre los aspectos económicos del acuerdo

«La decisión del gobierno de procurar el desembarco de la Facultad de Medicina de la UCAM en el sistema sanitario público tiene dificultades que no han sido contempladas suficientemente. A los impedimentos enunciados en el Manifiesto de la “Alianza Ciudadana por la Calidad de la Docencia Universitaria, en Defensa de lo Público y la Equidad Social” (saturación, calidad, conflictos de interés e inequidad social y territorial) hay que añadir complejos problemas de gestión.

El gobierno del PP de la Comunidad de Valencia en el año 2011 elaboró el documento “Hacia un nuevo modelo de Hospital Universitario: 7 constataciones y 18 recomendaciones para la integración de las misiones académicas en los Departamentos de Salud Universitarios”. El texto define claramente Departamento de Salud Universitario como aquella organización que integra en todo su funcionamiento el máximo nivel de desarrollo de las tres misiones: asistencial, docente e investigadora; y así figura también en el Convenio de colaboración entre la UCAM y el SMS. Es obvio que enseñar a profesionales de la salud no supone solo que los estudiantes “se paseen” por las instalaciones asistenciales.

El problema son los recursos económicos que la consecución de estos objetivos conlleva; el documento valenciano, accesible en la red, señala que los costos oscilan entre el 13 y el 18% del presupuesto total del centro asistencial y define cuatro categorías a tener en cuenta: “costos reales” (los directos e indirectos); “costos de estructura” (la infraestructura de los hospitales universitarios acaba siendo más compleja); “costos inducidos” (por la inclusión de actividad de investigación o por los tiempos de realización más largos de la actividad asistencial cuando también es docente) y “costos de oportunidad” (lo que se deja de hacer). El informe constata que

“en la actualidad el marco de gestión de los costes y la financiación es poco transparente y prácticamente desconocido, lo cual hace casi imposible establecer y hacer públicos los balances entre las instituciones”.

Esta dificultad para gestionar los costos que supone la actividad académica para el sistema sanitario, cuando se trata de dos instituciones financiadas con fondos públicos, puede ser relativamente aceptable. Todo sale del mismo bolsillo. De hecho, la normativa más importante del sistema sanitario español (Ley General de Sanidad, Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias) señala la obligación de colaboración en la docencia universitaria y, por tanto, asume, tácitamente, los costos derivados. Sin embargo, la UCAM no es una institución pública y, por tanto, las autoridades tienen la obligación de cuantificar y ponderar lo más escrupulosamente posible cuánto costará esta colaboración.

El texto del Convenio SMS/UCAM señala que “la realización de las prácticas no supondrá para el Servicio Murciano de Salud compromisos económicos u obligaciones distintas de las asumidas en virtud del presente convenio”. ¿Cuáles? Veamos. El Convenio niega que existan “costos inducidos” y “de oportunidad” al afirmar que “el Facultativo Responsable de prácticas ejercerá estas funciones sin que pueda producirse detrimento o interferencia alguna en el cumplimiento de sus obligaciones asistenciales”. Imposible. Los profesionales colaboradores tendrán que dedicar tiempo a la docencia y a la investigación ¿Qué dejarán de hacer? Los “costos de estructura” son también ignorados; los únicos contemplados son cuantificados en 0,70 € alumno/hora (asumiendo 600 horas y 45 alumnos serían menos de 19.000 euros al año). Como ha debido parecer muy poco hasta a los firmantes del acuerdo se establece una cantidad mínima de 30.000 euros al año.

¿Cómo se ha calculado esta compensación? ¿Existe una memoria económica que justifique esta cifra? Parece ridícula considerando los cálculos del documento del PP valenciano: por ejemplo, solo un 10% del presupuesto anual del Área VI son 25 millones de euros; proporcionalmente es como si se alquilara una casa valorada en 300.000 € por 360 € al año, el casero tuviera que pagar el agua y la luz y, además, aceptar que el inquilino realquile habitaciones por 10.000 € al año (lo que cuesta la matrícula de medicina en la UCAM). 

Es verdad que el Sr Mendoza (Presidente/Rector de la UCAM) y las familias de los estudiantes de la UCAM pagan impuestos; esos impuestos les permiten ingresar en un hospital cuando están enfermos pero no llevarse las camas a su casa.

PSOE y Podemos apoyan la Alianza (junto a otras 36 organizaciones). ¿Y Ciudadanos? ¿Apoya esta falta de rigor económico? ¿Será cómplice de que se introduzca un gasto económico millonario sin ningún control en un sistema de salud ya con enormes dificultades de financiación? No se pueden mezclar el agua y el aceite.

En cambio ¿Por qué no aprovechar el indudable tirón de la UCAM para mejorar la sanidad privada murciana creando un gran hospital universitario como el de Navarra? Podría ser una gran aportación en términos de investigación e innovación biomédica y una nueva fuente de riqueza económica. En la sanidad murciana “cabemos todos”, pero cada uno en su casa.