El pasado 18 de Marzo, la ministra de Sanidad, acompañada por todos los consejeros autonómicos, escenificando consenso y autosatisfacción, anunciaba en una rueda de prensa tres medidas para controlar el gasto farmacéutico: La modificación del sistema de precios de referencia, estableciéndose en el de menor precio, una rebaja media del 25% en el precio de los genéricos y un precio máximo para los medicamentos de síntomas menores (que son financiados por el bolsillo de los usuarios). Es decir, se seguirán aprobando y financiando con dinero público medicamentos «me too» o «reciclados», se mantendrá la actual política de fijación de precios, desconsiderando su valor terapéutico, no se toca la transparencia y el control del marketing (cuya influencia es decisiva en la prescripción y el precio) y se castiga a los genéricos sin promover su utilización.
Por tanto, no se entra en los problemas de fondo del gasto farmacéutico, con exquisito cuidado en no lesionar los intereses de las multinacionales. Como ha dicho la ministra, este conjunto de medidas no afectarán ni a la industria farmacéutica de productos innovadores ni a las oficinas de farmacia. Según Jiménez, los márgenes de beneficios «no se verán afectados».
Cierto es que los acuerdos incluyen otros aspectos, largamente reivindicados, como el calendario de vacunas único, la opción (sin determinar) de una central de compras, las facturas sombra o el tiempo máximo de espera quirúrgica, aunque esto último, dependiendo de su implementación, puede ser un arma de doble filo para el sector público, que sufrirá, además, los efectos de no hacer nuevas contrataciones o no cubrir las bajas laborales. En todo caso, para la plataforma «No Gracias», en lo que respecta al control del gasto farmacéutico, hay pocos y discutibles avances.
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