Podría pensarse que algo cambiaría para mejor en el actual contexto excepcional de emergencia sanitaria en el que estamos. Pero no, en absoluto, nada nuevo aparece por el horizonte. La nueva ministra de Sanidad Carolina Darias se ha apresurado a declarar la guerra al COVID19, pero sin embargo no vemos que se anuncie ninguna medida pública excepcional acorde con la colosal tragedia de la pandemia. No se vislumbra algo parecido a lo que sería una verdadera movilización para asegurar las provisiones y los tratamientos. Business as usual.

No ha variado ni un ápice la lealtad ciega de nuestra clase política a un modelo farmacéutico que está a años luz de los giros imperiosos que harían falta para afrontar la pandemia con una relativa eficacia. El primero ha de estar en establecer la prioridad de la salud como bien público. Esta condición al menos exigiría unos precios ajustados a los costes de producción de las vacunas, no unos precios abultados para que obtengan grandes beneficios económicos las empresas y laboratorios farmacéuticos, que cargan un sobrecoste de más del 1000% en el caso de la vacuna de Pfizer!. ¡Incluso pretenden aumentar un 20% más el precio con la excusa de establecer seis dosis en lugar de cinco para cada vial!

Dar prioridad a la salud pública significaría también una transparencia científica y mercantil sin precedentes mediante la supresión de la exclusividad comercial y el acceso abierto a los datos clínicos completos y know-how.

A pesar de que estamos en la «tercera ola» de la pandemia, se sigue priorizando el lucro y la oportunidad de negocio por encima de evitar la escalada de sufrimiento y muerte. Esta captura neoliberal de las políticas sanitarias ante el COVID es totalmente ajena a las crisis de fondo retroalimentadas: social, económica, ecológica y sanitaria.

Hay un silencio sepulcral sobre las condiciones de la producción y compra de las vacunas en los debates del Congreso de Diputados, al tiempo la discusión mediática se centra en la criminalización de los casos marginales de responsables públicos que no se han puesto en la cola de las vacunaciones. Brillan por su ausencia las propuestas visibles sobre como se pueden hacer las cosas de otra manera, de forma más eficiente y más justa. Nuestros representantes públicos eliminan de la agenda la posible producción de vacunas y medicamentos COVID accesibles, asequibles y transparentes. Nadie cuestiona ninguna de las normas regulatorias o comerciales instituidas anteriormente en la normalidad pre-pandemia.

Oímos hablar de la vacuna “Pfizer», «Moderna»,”…pero en cambio se silencia que la investigación y desarrollo de estos nuevos medicamentos ha sido financiada en gran parte por los Gobiernos y la Unión Europea. Hasta en el mismo lenguaje se han borrado las huellas de la financiación pública de la vacuna inicialmente llamada “Oxford” (la Universidad), que después ha sido rebautizada con el nombre de la empresa farmacéutica “Astra-Zeneca”. Aunque ciertamente, este término refleja mejor la condición rehén en la que están las políticas sanitarias. Son las empresas farmacéuticas quienes tienen las llaves a pesar de que es la ciudadanía quien carga con los costes, los riesgos y la distribución desigual de los daños colaterales del humo comercial.

En medio de esta normalidad sanitaria neoliberal ante el COVID, nada parece sorprender a la clase política de cualquier tinte ideológico. Las autoridades públicas nada tienen que reprochar al afán de obtener beneficios económicos abusivos de las vacunas “salvadoras”. Esta solo es una foto rápida del indecente entreguismo y la sumisión de nuestros gobiernos y de la misma Comisión Europea.  Después de miles de millones de euros públicos adelantados para el desarrollo investigador y clínico de unas vacunas, resulta que sigue siendo tabú el cuestionamiento del monopolio de las patentes, la confidencialidad comercial, el enorme despilfarro de recursos implicado en la opacidad científica, los precios abusivos e ignominiosos que excluyen a una gran parte de la humanidad, etc. La iniciativa C-TAP de la Organización Mundial de la Salud para compartir universalmente el know-how y la propiedad intelectual de las vacunas COVID ha quedado desierta y abandonada por los Gobiernos, incluido el Gobierno español.

Ante la falta de las dosis de vacunas acordadas, ahora nos enteramos con estupor del kafkiano incumplimiento del contrato secreto firmado por la Comisión Europea con una gran empresa farmacéutica. ¡Resulta que ni la propia Comisión Europea puede hacer público tal contrato y rendir cuentas! Por tanto, no pueden conocerse las condiciones de responsabilidad civil, los precios pagados, las cantidades de dosis para cada país, los datos clínicos completos sobre la eficacia y seguridad, etc. ¡Las arcas públicas pagan, las empresas farmacéuticas aprovechan, y la ciudadanía permanece ciega, sorda y muda!

La anestesiada clase política española y europea ha de despertar con valentía para emprender la batalla que ha de darse ante la tragedia colectiva de la pandemia. La condición extraordinaria y terrible del COVID ha de empujarnos al desarrollo y la producción pública de tratamientos y vacunas al 100%. Ha de poderse emitir una licencia obligatoria para suprimir los derechos de monopolio y privatización de una patente, el contexto legal lo permite por la existencia de una emergencia de salud pública. La transparencia y unas vacunas a precio de coste han de liberarse de las cadenas del mercado y han de ser objeto de decisión y regulación pública.

Podemos aprender mucho de las impresionantes respuestas de algunos Gobiernos ante episodios traumáticos de guerra mundial en nuestra pasada historia. En tiempos de emergencia donde el mal atroz está en juego se hacen necesarias más que nunca las soluciones excepcionales.